Síntesis de la trayectoria personal y profesional



Se desempeña desde la época de la última dictadura militar como abogado defensor de los derechos humanos. Fue miembro fundador e integrante de la Comisión Directiva del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). Como miembro de su equipo y programa jurídico, del cual fue Coordinador, intervino en la defensa de centenares de presos políticos detenidos a disposición del fuero federal, militar y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y en la investigación de numerosos casos de secuestro y posterior desaparición forzada de víctimas del sistema de terrorismo de Estado. Entre los casos referidos figuran algunos que alcanzaron gran repercusión pública como el del científico Alfredo Giorgi, secuestrado en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), causa en donde logró los procesamientos, entre otros, de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y la detención por primera vez del ex-dictador Roberto Viola. En esta causa se conocieron, también por primera vez, las órdenes escritas emanadas de los altos mandos militares, para la represión en el marco del sistema de terrorismo de Estado. Entre otras causas, actuó también en la que se obtuvo la detención del médico de la policía de la provincia de Bs.As., Jorge Antonio Bergez por su participación en los centros clandestinos denominados “Pozo de Banfield” y “Pozo de Quilmes”. Fue apoderado de la familia del militante justicialista Osvaldo Agustín Cambiaso, asesinado junto a Eduardo Daniel Pereyra Rossi en la localidad de Lima, Pcia. de Bs.As. en mayo de 1983 por una comisión policial bonaerense dirigida por el comisario Luis Abelardo Patti quien estuvo más de cinco meses detenido por este hecho hasta que fue sobreseído provisoriamente por la Cámara Criminal y Correccional de San Nicolás, Pcia. de Bs.As. En el año 2009 fue citado como testigo de la querella en la reapertura de la causa judicial contra Patti y el resto de los acusados por los homicidios.
Fue uno de los abogados que impulsó la investigación de los centros clandestinos de detención conocidos como “El Olimpo”, “El Club Atlético”, “Automotores Orletti”,y el que funcionara en la ESMA en la Capital Federal y “El Pozo Banfield”, “El Pozo de Quilmes”, “El Banco”, “La Cacha”, “Mansión Seré” y “Vesubio”, en la Provincia de Bs.As. y los de “La Perla” y “Malagueño” en la Provincia de Córdoba.
Denunció en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el secuestro y posterior desaparición de ciudadanos de ese país  efectuado en Buenos Aires por efectivos combinados de los ejércitos del Uruguay y la Argentina, colaborando en distintas presentaciones judiciales que se efectuaron en ese país por violaciones a los derechos humanos cometidas contra ciudadanos uruguayos.
Como consecuencia de su actividad opositora a la dictadura militar fue detenido y procesado junto a otros miembros del CELS en 1981 pero el generalizado repudio nacional e internacional obligó a liberarlo a los pocos días y el proceso judicial fue cerrado.
Representó al CELS en numerosos eventos vinculados a los Derechos Humanos tanto en el país como a nivel internacional, como la visita a la Vicaría de la Solidaridad de Santiago de Chile, en 1981, la participación en el Coloquio contra la Tortura organizado por la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, Suiza, en 1983, en el Coloquio sobre Derechos Humanos realizado en Montevideo, Uruguay, en 1984 y en el Coloquio Internacional de Derechos Humanos organizado por ILSA en Colombia, en 1985. En las mismas presentó ponencias sobre la imprescriptibiliad de las acciones penales a fin de posibilitar el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante el régimen de terrorismo de Estado.
En 1985 fue abogado de la familia Giubileo interviniendo activamente en la causa donde se investigara la desaparición de la Dra. Cecilia Enriqueta Giubileo, caso que tuvo notable repercusión en la opinión pública.
Fue apoderado de la familia Cambiaso en el juicio por los homicidios de Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, en los cuales se encuentra acusado Luis Abelardo Patti y los policías bonaerenses Diéguez y Spataro y en donde, en la reapertura de la causa, en el año 2006, prestara declaración como testigo de la fiscalía a cargo de la investigación.
Luego - entre muchas otras intervenciones - fue abogado co defensor de la Comisión Interna de la fábrica Ford procesada por ocupar la planta durante la huelga de veinte días en 1985; asesor de los  vecinos en el caso del asesinato de jóvenes en Ingeniero Budge, Pcia. de Bs.As., quienes que fueron muertos por elementos de la policía de la Provincia de Buenos Aires y abogado defensor de dirigentes de organizaciones de jubilados reprimidos y procesados por manifestar periódicamente en Plaza Congreso.
Las Madres de Plaza de Mayo lo invitaron para que testimoniara en el juicio popular que efectuaron al Terrorismo de Estado en Buenos Aires en 1995 y como Fiscal al que realizaron en la ciudad de La Plata, provincia de Bs.As., en 1996.
Fue defensor de Oscar Martínez, Secretario de Organización de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Tierra del Fuego, y de otros trabajadores perseguidos en esa provincia como consecuencia de sus actividades gremiales, proceso que durara más de tres años y culminara con la absolución de Martínez..Colaboró en la defensa de Horacio Panario, Héctor Etchebaster y otros dirigentes sindicales y sociales perseguidos en la provincia de Neuquén por razones similares a Martínez y fue codefensor de Juan Salmerón y Pablo Solís, dirigentes gremiales del Instituto de Servicios Sociales Bancarios de Buenos Aires, también procesados por encabezar reclamos gremiales y luego sobreseídos en los juicios que les fueron realizados. Asimismo, actuó como abogado asesor de la Agrupación H.I.J.O.S. a la que copatrocinó en el hábeas corpus que presentaron el 24  de marzo de 1996, con motivo de los veinte años del golpe militar de 1976.
Se desempeñó, como letrado en la causa vinculada al el secuestro y posterior desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh y en la que fueran sometidos a juicio Jorge Acosta, Alfredo Ignacio Astiz y otros oficiales de la Armada que actuaron en el campo de concentración de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) el Grupo de Tareas que operaba desde ese centro clandestino de detención y tortura.
Actuó también en la causa ESMA como apoderado de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.
Fue invitado por Amnesty International Argentina como expositor al Seminario “Guatemala : Derechos Humanos e Impunidad” realizado en Buenos Aires, en Octubre de 1997, donde disertó sobre “La  Impunidad en la Sociedad Argentina”. El 9 de diciembre de 1997 patrocinó la denuncia que la Agrupación H.I.J.O.S. presentó en el Consulado de España en nuestro país que comprende la situación de 193 personas detenidas-desaparecidas, a fin de que sean incluidos como casos a investigarse en el juicio llevado adelante en Madrid ante el Juez Baltasar Garzón.
Fue asesor en aspectos vinculados a violaciones a los derechos humanos, persecución gremial y materia laboral de la Seccional Río Grande de la UOM.
Asimismo patrocinó a familiares de víctimas de la denominada violencia en el fútbol siendo autor del libro “Juicio a la Barrabrava de Boca” proceso en el que intervino como representante de las familias de dos jóvenes muertos en el mes de abril de 1994 y que culminara con la condena de la plana mayor de la llamada “barra brava” de Boca Juniors.
Ha presentado numerosas denuncias contra funcionarios políticos, entre las que merecen destacarse la relativa al pago de coimas en el Senado de la Nación contra el ex presidente Fernando De la Rua e integrantes del Senado de la Nación que aprobaron la ley de flexibilización laboral; la presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el ex presidente de la Nación, Adolfo Rodríguez Saa por ilícitos cometidos respecto de la malversación de fondos del régimen de coparticipación federal; la presentada contra el ex presidente De la Rúa, el ex ministro Domingo Cavallo y el ex titular del Banco Central de la República Argentina, Roque Maccarone por facilitar la fuga de fondos depositados en los bancos durante el año 2002; la presentada contra los ministros Carlos Ruckauf, Alfredo Atanasof y Jorge Matzkin por instigación pública a cometer delitos atento las manifestaciones públicas que efectuaran y la vinculación directa de las  mismas con la represión ocurrida en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, en la que se produjeran las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Se desempeñó como asesor de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación y de igual Comisión de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asesoró, asimismo, a los vecinos autoconvocados de Esquel por el “No a la Mina”como consecuencia de distintas amenazas que los mismos han recibido a partir de su oposición a la concesión de la explotación minera referida efectuada a la empresa Meridian Gold. Fue co patrocinante de la Sra. Mabel Ruiz, madre de Maximiliano Kosteki, asesinado el 26 de junio de 2002 en la represión efectuada en el Puente Pueyrredón.
Patrocinó a familiares de víctimas del terrorismo de estado en la causa del Primer Cuerpo, en trámite por ante el Juzgado Federal N° 3 de la Capital Federal. Fue defensor de miembros de la comisión interna del hospital Francés (defiendo a David Garuti y Víctor José Garay) Fue abogado de familiares de víctimas del incendio producido en el local “República Cromañón” el 30 de diciembre de 2004. Por los mismos hechos ocurridos en el local “República Cromañón” prestó declaración testimonial en la Comisión Especial Investigadora creada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue asesor del legislador de la CABA Rubén Devoto, integrante de la Fiscalía en el  juicio político al que fuera sometido el Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra como consecuencia de los hechos ocurridos en el local “República Cromañón” el 30 de diciembre de 2004.
Colaboró en el libro de las Madres de Plaza de Mayo, “Un país. 30 años”.Es miembro fundador y Presidente del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU).
Actuó como abogado querellante en el conocido caso “Cabello” y también en la causa civil que se siguiera a Sebastián Cabello y sus padres. En esta última obtuvo  una condena por daños y perjuicios que puede ser considerada como la más elevada de los últimos diez años en la jurisprudencia nacional.
Es letrado apoderado de padres de alumnos en la causa  civil por daños y perjuicios incoada por la tragedia del Colegio Ecos.
Es Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  mandato cumplido, habiendo desempeñado como  Presidente del Bloque MST en Movimiento Proyecto Sur. Integrante de las Comisiones de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, Comisión de Protección y Uso del Espacio Público, Tránsito y Transporte, Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y Foro para la Tercera Edad.


Antecedentes profesionales

1.- Ejercicio profesional en forma independiente desde 1979 en materia civil, penal y contencioso administrativa.

2.- Miembro fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), integrante de su Comisión Directiva y Coordinador de su Programa Jurídico de esa asociación desde 1980 a 1987.

3.- Miembro de la 1ª Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados de la CABA.

4.- Presidente del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU).
5.- Asesor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Tierra del Fuego en los años 1995 a 1998.

6.- Asesor del legislador porteño Rubén Devoto, integrante de la fiscalía en el juicio político al que fuera sometido el Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, como consecuencia de los hechos ocurridos en el local “República Cromañón” el 30 de diciembre de 2004.

7.- Asesor de la diputada Patricia Cecilia Walsh en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso de la Nación en los años 2001 a 2005.

8.- Asesor de la diputada de la CABA, Patricia Cecilia Walsh en al Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los años 2007 a 2009.

9. Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.